SANTO DOMINGO.– La comisión bicameral que estudia las modificaciones al nuevo Código Penal recibió este miércoles las últimas propuestas presentadas por juristas, organizaciones sociales y grupos religiosos, en una jornada marcada por el debate sobre el cúmulo de penas, las tres causales del aborto, la libertad de expresión y el exhibicionismo sexual.
Entre las iniciativas entregadas figura la presentada por el presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, quienes propusieron cambios orientados a fortalecer la libertad de expresión, evitar un incremento excesivo de las penas y adecuar varios artículos a la Constitución.
Los juristas advirtieron que algunas disposiciones del proyecto podrían facilitar la persecución de los delitos de opinión y limitar las denuncias por corrupción contra funcionarios públicos. Asimismo, rechazaron la despenalización del exhibicionismo sexual cuando se aleguen fines artísticos o culturales y defendieron mantener las sanciones contra el bullying, el ciberbullying y los insultos.
Respecto al régimen del cúmulo de penas, Vidal Potentini planteó mantener la pena máxima en 30 años de prisión y permitir un límite de hasta 40 años mediante el cúmulo de condenas, al considerar que el esquema actual podría generar sentencias de hasta 60 años y provocar una "inflación punitiva".
El presidente del CARD también solicitó eliminar el artículo 310, despenalizar los delitos de opinión conforme a estándares internacionales y suprimir el trato privilegiado a funcionarios públicos en casos de difamación. Además, pidió al Congreso extender por seis meses el proceso de revisión del Código Penal para lograr un análisis más amplio y consensuado.
Durante la jornada, organizaciones que respaldan las tres causales del aborto solicitaron modificar los artículos 110 y 111 para permitir la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o exista inviabilidad fetal.
Por su parte, representantes de la organización Juventud Con Una Misión (JUCUM) expresaron preocupación por la redacción de las disposiciones sobre discriminación y por la reducción de penas para determinados delitos sexuales, mientras que el abogado Juan Contreras rechazó la propuesta de reducir de 30 a 20 años el plazo de prescripción de la violación sexual infantil, al considerar que afectaría el acceso a la justicia de las víctimas.
La comisión bicameral continuará evaluando las observaciones presentadas con el propósito de concluir el informe que será sometido al Senado y a la Cámara de Diputados. El Congreso tiene previsto conocer y votar las modificaciones al nuevo Código Penal antes del cierre de la presente legislatura.
