SANTO DOMINGO, RD.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este miércoles el proceso de aprobación del nuevo Código Penal y rechazó las críticas de sectores que aseguran que la pieza fue aprobada de manera apresurada.
De los Santos sostuvo que resulta injusto afirmar que el proyecto fue “sancochado”, al recordar que la iniciativa permaneció durante décadas en el Congreso Nacional, donde fue sometida a debates y análisis antes de su aprobación.
El legislador explicó que el Código Penal vigente tiene sus raíces en 1811 y que fue adoptado por la República Dominicana en 1844, por lo que consideró imprescindible actualizar una normativa que, a su juicio, ya no responde plenamente a las realidades sociales y tecnológicas del siglo XXI.
Asimismo, señaló que algunos de los legisladores que participaron en las discusiones del proyecto “aún no habían nacido” cuando la iniciativa fue introducida al Congreso, argumento que utilizó para destacar el prolongado proceso de estudio y discusión.
“¿Qué íbamos a esperar del nuevo Código Penal, que cumpliera 215 años?”, preguntó De los Santos, al tiempo que reconoció el valor histórico del marco jurídico inspirado en la legislación napoleónica.
El presidente del Senado consideró, sin embargo, que el país necesitaba una legislación penal moderna capaz de responder a los nuevos tipos de delitos surgidos como consecuencia de los avances tecnológicos y las transformaciones sociales.
Atribuye promulgación a decisión de Abinader
De los Santos atribuyó la entrada en vigor del nuevo Código Penal a la determinación del presidente Luis Abinader, quien, según afirmó, impulsó la promulgación de la reforma con el propósito de que el país cuente con una legislación penal actualizada a partir del 5 de agosto.
El presidente de la Cámara Alta también defendió la metodología utilizada por el Congreso Nacional, explicando que primero se aprobó la modificación del Código Penal y posteriormente se trabaja en la reforma del Código Procesal Penal.
A su entender, ese es el orden adecuado para dotar al sistema de justicia de herramientas eficaces que permitan perseguir y sancionar los delitos.
De los Santos afirmó que la actualización de ambas normativas responde a la necesidad de adecuar el marco jurídico dominicano a los desafíos actuales y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a las nuevas modalidades delictivas.
