Santo Domingo, R.D. – El Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) sometió ante la Cámara de Diputados una resolución para interpelar al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ante las condiciones que presenta el sistema educativo nacional a pocos días del inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el próximo 24 de agosto.
El vocero de la bancada, José David Báez, informó que la iniciativa también cuestiona la transferencia de RD$2,000 millones del presupuesto del Ministerio de Educación al Poder Ejecutivo, decisión que, según los legisladores, afecta la capacidad de respuesta del sistema educativo.
Los diputados opositores advirtieron que a esta situación se suman los retrasos en el pago de los incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, las reclamaciones de ingenieros contratistas por el pago de cubicaciones y las demandas de aumento salarial del personal de apoyo de las escuelas públicas, cuyos ingresos oscilan entre RD$11,000 y RD$13,000 mensuales.
La Fuerza del Pueblo también reclamó al Gobierno un programa intensivo para la construcción, terminación y reparación de planteles escolares, así como el pago inmediato de los incentivos al personal docente y la aplicación de la Ley 16-26 para agilizar los pagos a los contratistas.
El diputado Germán Martínez afirmó que la inversión en infraestructura educativa se redujo aproximadamente un 67 % entre 2014 y 2025, mientras que la cantidad de aulas entregadas disminuyó cerca de un 77 % durante ese mismo período.
Según el legislador, en lo que va de 2026 no se han entregado siquiera 600 aulas, situación que, a su juicio, agrava el déficit de espacios educativos de cara al nuevo año escolar.
Los diputados denunciaron además que numerosos centros educativos presentan deterioro físico, construcciones inconclusas, falta de mantenimiento, problemas sanitarios, sobrepoblación escolar y déficit de docentes.
La bancada de la Fuerza del Pueblo sostuvo que estas condiciones podrían afectar el inicio del año escolar y llamó al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar planteles adecuados y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo.
