SANTO DOMINGO, RD. – El abogado y consultor energético Ángel Leonel Canó Rodríguez advirtió sobre la falta de transparencia en la facturación eléctrica y consideró necesario que las autoridades revisen internamente el funcionamiento del sector para determinar por qué numerosos usuarios denuncian aumentos desproporcionados en sus recibos.
Durante una entrevista concedida a la periodista Jessanin Frías para Hispaniola News, la comunicadora planteó como ejemplo el caso de una vivienda cuya factura pasó de aproximadamente RD$2,000 a RD$45,000, pese a mantener los mismos electrodomésticos y niveles de consumo.
Ante la situación presentada, Canó hizo un llamado al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y a las demás autoridades vinculadas al sistema eléctrico para que investiguen lo que está ocurriendo con los procesos de medición y facturación.
“Hay una situación grave que la gente desconoce y hay una falta de transparencia en la facturación”, expresó el especialista.
Canó afirmó que se ha cuadruplicado o quintuplicado la cantidad de reclamaciones presentadas por los usuarios. También puso como ejemplo los casos de personas que pagaban entre RD$2,500 y RD$3,000 de electricidad y comenzaron a recibir facturas de hasta RD$30,000 de un mes para otro.
“No puede ser que una persona pagara RD$2,500 o RD$3,000 de luz y, de repente, comenzara a pagar RD$30,000 de un mes para el siguiente, de mayo para junio”, manifestó.
Asimismo, señaló que existen hogares que terminan pagando más electricidad que oficinas con mayor capacidad de aire acondicionado y un uso más prolongado del servicio.
Canó sostuvo que el sector eléctrico gubernamental debe hacer una revisión interna con la participación de técnicos, tomando como referencia la regulación vigente y los derechos de los ciudadanos.
Un proceso de reclamación largo y costoso
Durante la entrevista, Frías preguntó qué opciones tiene un ciudadano cuando PROTECOM rechaza una reclamación relacionada con una factura que no se corresponde con su consumo habitual.
Canó explicó que el usuario debe continuar el procedimiento ante la Superintendencia de Electricidad. La resolución emitida por ese organismo puede ser impugnada posteriormente ante el Tribunal Superior Administrativo.
Sin embargo, advirtió que llegar hasta esa instancia representa una carga económica y legal difícil de asumir para la mayoría de los ciudadanos. El afectado tendría que contratar abogados con experiencia en derecho administrativo y regulación eléctrica, además de recurrir a peritos especializados.
El proceso judicial, agregó, puede extenderse durante dos o tres años, aun cuando el monto reclamado sea inferior al costo de llevar el caso ante los tribunales.
Frente a esas dificultades, la periodista planteó durante la entrevista la pregunta: “¿Quién es el que nos va a defender?”.
Canó respondió que el país enfrenta un problema en el funcionamiento del sistema, pese a que las leyes y los instrumentos institucionales existen.
El problema no sería la falta de generación
El especialista afirmó que la República Dominicana no enfrenta actualmente una escasez de energía eléctrica, sino dificultades relacionadas con la infraestructura, las redes de distribución, la comercialización y el cobro del servicio.
“En la República Dominicana no hay escasez de energía eléctrica. Hay un problema en infraestructura y distribución; en la parte física y en la parte de comercializar la energía eléctrica y cobrarla. Ese es el gran problema que tenemos”, aseguró.
Durante la conversación también se abordaron el funcionamiento del sistema de telemedición, la revisión física de los contadores y la necesidad de comprobar si las herramientas tecnológicas utilizadas por las distribuidoras garantizan lecturas confiables y comprensibles para los usuarios.
Paneles solares y autogeneración
Otro de los temas tratados fue el derecho de los ciudadanos, centros comerciales y empresas a producir su propia electricidad.
Canó aclaró que una persona puede instalar paneles solares, convertirse en autogeneradora y permanecer fuera de la red de distribución. Explicó que el ciudadano no está obligado a interconectarse con una empresa distribuidora únicamente por generar energía para su propio consumo.
También se analizó la controversia por el cargo del 25 % vinculado a determinados usuarios con sistemas de generación renovable. Canó consideró que deben preservarse los incentivos establecidos por la ley para promover las energías limpias, al tiempo que se protege la estabilidad del sistema eléctrico.
Instituciones y burocracia eléctrica
La entrevista incluyó un análisis sobre la estructura institucional del sector, el alcance del Pacto Eléctrico y las posibles duplicidades de funciones entre diferentes organismos.
También se abordó la naturaleza jurídica del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), creado mediante decreto para coordinar las operaciones de Edesur, Edeeste y Edenorte.
Canó sostuvo que la solución del problema eléctrico debe asumirse como un compromiso social de largo plazo, para evitar que las deficiencias del sistema continúen trasladándose de un gobierno a otro.
La entrevista completa con Ángel Leonel Canó Rodríguez está disponible en el canal de YouTube de Hispaniola News.
