Santo Domingo, RD.– La familia Mañón denunció que el Ministerio de Turismo se niega a entregar unos 41,000 metros cuadrados de terrenos que, según afirma, mantiene retenidos ilegalmente desde hace varios meses, en contraposición con lo dispuesto por una decisión judicial.
La familia Mañón sostiene que el Ministerio de Turismo estaría incumpliendo lo ordenado en la sentencia núm. 0030-1643-2026, por lo que reclama que se haga efectiva la decisión de los tribunales y se restituyan los derechos que corresponden a sus propietarios.
Explicaron que se trata de terrenos titulados y de elevado valor económico, con un importante potencial para inversiones turísticas, razón por la cual consideran preocupante que su entrega continúe pendiente.
Asimismo, denuncian la existencia de intereses vinculados a la zona que, según su apreciación, estarían procurando beneficiarse de esos terrenos, situación que calificó como preocupante y que, entiende, debe ser investigada por las autoridades competentes.
Jacinto Mañon recordó que, en un Estado de derecho, las instituciones públicas están obligadas a respetar las decisiones emanadas de los tribunales, conforme al principio de tutela judicial efectiva y al carácter vinculante de las decisiones judiciales.
Consideró que la existencia de recursos o procedimientos posteriores debe determinarse conforme a sus efectos jurídicos específicos, pero que ninguna institución puede decidir unilateralmente ignorar una orden judicial que resulte ejecutable.
En ese sentido, reclamó que el conflicto sea resuelto exclusivamente mediante los mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes dominicanas.
Ante lo que califican como una prolongada retención de los terrenos, la familia Mañón solicitó al presidente Luis Abinader ordenar al Ministerio de Turismo y a su titular que den cumplimiento a las disposiciones judiciales correspondientes.
“Estamos reclamando que se cumpla la ley y que una institución del Estado respete lo que han dispuesto los tribunales”, señalaron.
Mañón Miranda consideró que el cumplimiento de las decisiones judiciales constituye una garantía indispensable para preservar la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Reiteró que los aproximadamente 41,000 metros cuadrados representan una propiedad de alto valor y con posibilidades de desarrollo turístico, por lo que entiende que la prolongación del conflicto perjudica directamente a sus propietarios.
Finalmente, la familia afectada hizo un llamado a las autoridades para que se produzca una solución institucional al caso y se cumpla con la decisión judicial, garantizando así los derechos que, según sostiene, le corresponden.
