Santo Domingo, RD- El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, depositó este lunes una denuncia querella en la Procuraduría General de la República (PGR), a los fines de que se investigue los más de dos mil 500 millones de pesos invertidos en el programa de Transporte Escolar (Trae), por el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas en violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la Ley 63-17 del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Decenas de simpatizantes rebeldes acompañaron a Hubieres, quién mientras deposita el documento en secretaría general de la Procuraduría, explicó que la operatividad del servicio del Transporte Escolar tiene múltiples elementos de ilegalidad que deben ser investigados.
"Y es que en agosto del presente año el Ministerio de Educación abrió una licitación aperturando los procesos de excepción para la contratación de servicios de transporte escolar, sin que el país estuviera en Estado de Emergencia, lo que representa una ilegalidad, además, más del 90% de los autobuses que se están utilizando no cumplen con los requerimientos de la Ley 68-17 del Intrant y; las más de nueve empresas que fueron favorecidas con la licitación en su mayoría nunca han sido prestadoras de servicio de transporte en el país, con excepción de una o dos”, señaló Hubieres.
Juan Hubieres del Rosario, encabeza la acción penal en contra del ministro de Educación, Ángel Hernández y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión.
En la querella, Juan Hubieres, acusa a dichos funcionarios de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa, robo al Estado, entre otros cargos, cometidos por alegada estafa al Estado con el transporte escolar.
En la instancia depositada solicita a la procuradora , Miriam Germán, designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a profundidad de los hechos denunciados.
Caso Baninter
El también líder rebelde llamó a la Procuraduría a investigar todas las denuncias hechas por Ramón Báez Figueroa, exdueño del quebrado banco Baninter; y en especial lo referente a que al Estado le correspondía el 30% de Coastal Petroleum Dominicana.
